La controversia legal por el megapuerto de Chancay llegó al Tribunal Constitucional (TC). Tras la revocatoria de un fallo que le otorgaba una ventaja inicial, Cosco Shipping interpuso un Recurso de Agravio Constitucional (RAC) contra la resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Elevación del expediente y exigencia de nulidad

Con este recurso legal, la empresa de capitales mayoritariamente chinos busca que el máximo intérprete de la Constitución anule el fallo de segunda instancia —el cual determinó que no se acreditó una amenaza cierta e inminente para una acción de amparo— o que el propio TC resuelva el fondo de la controversia y declare fundada la demanda. El pasado 24 de julio de 2026, la referida sala judicial confirmó la recepción del recurso y ordenó elevar el expediente para su revisión definitiva.

Debate sobre competencias regulatorias y garantías procesales

En el centro del debate jurídico se encuentra la disputa sobre las atribuciones del Estado frente a la infraestructura privada. Previamente, el abogado de Cosco Shipping, Ramiro Portocarrero, cuestionó que la resolución del Poder Judicial no resolviera  si el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) posee realmente facultades para una regulación integral en un puerto privado de uso público. Para la compañía, la sentencia vulneró sus garantías procesales constitucionales, por lo que exigen un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado.

Posición institucional y críticas de Ositrán

Desde la vereda institucional, la reacción no se hizo esperar. Tras conocerse el fallo adverso para la empresa en junio, Ositrán respaldó la medida judicial y reafirmó su compromiso de velar por los derechos de los usuarios, la transparencia, la seguridad jurídica y el buen funcionamiento de los servicios de transporte público bajo el amparo de la ley y la Constitución.

Sin embargo, la presidenta del organismo, Verónica Zambrano, criticó duramente la postura de la compañía de continuar judicializando el proceso, argumentando que esto solo genera costos innecesarios al Estado con la única finalidad de evadir obligaciones vigentes.