La suscripción de tratados de libre comercio (TLC) con diferentes economías orientales ha sido pieza fundamental para la expansión de la inversión extranjera directa asiática en América Latina, impulsando una redefinición de rutas logísticas y comerciales tras la pandemia de covid-19.

Este proceso generó además un incremento de capital en cadenas de suministro de vehículos eléctricos, junto al requerimiento de recursos renovables fundamentados en un volumen creciente de minerales críticos, como el litio o el cobre, para dinamizar una economía verde vinculada a la transición energética global.

Inversión asiática y transformación industrial regional

Estas inversiones proceden de firmas de Japón, Tailandia e Indonesia, y de manera especial de China, convirtiéndose en un destacado motor de desarrollo de las economías regionales como Perú, Brasil y Chile al contribuir al crecimiento industrial, el empleo y el avance tecnológico. Así, la región acumuló más de 94,000 millones de dólares en inversión directa anunciada entre 2020 y 2025, proyectando una aceleración de entre 35% y 40% en el periodo 2025-2026, además de 62,000 millones de dólares en contratos de ingeniería, procura y construcción (EPC).

Estos capitales transforman los sectores energético, minero, manufacturero y de infraestructura de América Latina —concentrándose en transporte como el puerto de Chancay, energía, minería de cobre y hierro, litio, redes eléctricas y manufactura automotriz—, generando oportunidades inéditas y complejidades regulatorias de acuerdo con un estudio de la consultora Marsh publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.

Retos operacionales y cumplimiento normativo

Pese a este crecimiento, los grupos empresariales chinos enfrentan diversos retos para su consolidación definitiva. El primero es la fragmentación regulatoria y el cumplimiento normativo o compliance —conjunto de reglas, procedimientos y buenas prácticas que un negocio adopta para asegurar que sus actividades se adecuan a las leyes y principios éticos—, pues cada jurisdicción opera con esquemas legales distintos.

El segundo reto es la desconexión entre la gobernanza corporativa y los riesgos locales, generando falta de articulación entre matriz, subsidiaria y requerimientos territoriales. El tercer obstáculo es la complejidad de la red de suministro global, donde una interrupción impacta de inmediato en los proyectos de América Latina, compromisos internacionales, riesgos de transporte especializado, logística inversa y dependencia crítica de puertos específicos.

Adicionalmente, existe una barrera cultural y comunicativa en las modalidades de decisión corporativa, como el consenso frente a la jerarquía o los plazos cortos frente a los largos, operando entidades estatales chinas con complejas estructuras de gobernanza en mercados con marcos regulatorios, seguros y prácticas comerciales distintos a su origen, según detalla la consultora transnacional Marsh.

Presencia y licitaciones de empresas chinas en el Perú

En el ámbito estrictamente local, el despliegue de capitales registra antecedentes institucionales concretos en el Perú. Entre 1992 y 2022 se contabilizaron 208 empresas chinas en el país, de las cuales 186 operan con Registro Único de Contribuyente (RUC) y 22 con carné de extranjería.

Como reflejo de su participación, entre 2018 y 2022 se identificaron 25 empresas chinas favorecidas con 201 licitaciones de obras públicas por un valor total estimado de 6,467 millones de dólares, proyectos distribuidos en 23 de las 24 regiones del territorio nacional.