Trabajadores en Ica protestan contra el régimen agrario que los desprotege
diciembre 1, 2020
Escrito por: Jorge Choque
Representantes del Gobierno se reunirán hoy con los dirigentes de diferentes zonas de la región, quienes exigen eliminar la Ley de Promoción Agraria. Esta atenta contra sus derechos laborales, entre ellos, la libre sindicalización, acceso a vacaciones e indemnización por despido arbitrario y el bajo salario. Trabajadores de las empresas agroexportadoras de Pisco, Palpa, Nazca e Ica se mantienen
Representantes del Gobierno se reunirán hoy con los dirigentes de diferentes zonas de la región, quienes exigen eliminar la Ley de Promoción Agraria. Esta atenta contra sus derechos laborales, entre ellos, la libre sindicalización, acceso a vacaciones e indemnización por despido arbitrario y el bajo salario.
Trabajadores de las empresas agroexportadoras de Pisco, Palpa, Nazca e Ica se mantienen hoy en el segundo día de paro indefinido. Su principal pedido: la eliminación de la Ley de Promoción Agraria (Ley N.° 27360), que incorpora un régimen laboral flexible que afecta a más de 400.000 peruanos con bajos salarios y el cual —con venia del anterior Congreso y Ejecutivo— tiene vigencia hasta el 2031.
Dirigentes de la zona de Ica se han expresado a través de movilizaciones y el bloqueo de las principales vías de acceso a la región. Ellas y ellos esperan, en plena Panamericana Sur, la llegada de la viceministra de Desarrollo Agrario, representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes llegarían para entablar una mesa de diálogo, donde además, participarán los congresistas de la región.
Un régimen de abuso
No es la primera vez que los trabajadores de la agroexportación reclaman mejores derechos laborales. Durante los últimos 20 años, tres veces se ha ampliado la vigencia de la norma que rechazan, y en cada uno de esos momentos, han manifestado su descontento. “Es una lucha legítima, y hoy ellos están bloqueando las vías porque es la única forma de que el Estado los escuche”, dijo a este diario el congresista Lenin Bazán, quien se encuentra en Pisco junto a los representantes de los trabajadores de las empresas agroexportadoras San Clemente, Fundo California y Fundo Carrizales.
¿Por qué rechazan la ley? “Porque es un abuso”, dice la trabajadora Claudia Ascona Huallpa, del Fundo California, quien cuenta que los jornaleros como a ella —que salen de sus casas a las 3 a. m. para llegar al fundo— ganan 39 soles al día, “pero nos descuentan por los papeles. Si un día no vamos a laborar por algún accidente, nos descuentan 60 u 80 soles. Es imposible tener vacaciones o pago por vacaciones truncas porque solo nos contratan por 4 o 5 meses. Yo estoy laborando desde setiembre y estaré hasta marzo, pero no me pagarán alguna liquidación”, narra.
Una situación más crítica pasan los trabajadores por destajo, a quienes también se les ofrece solo 39 soles por jornal. “Cosechamos, cortamos y dejamos limpios los racimos de uva, pero como en todo ese proceso te demoras por ramo más de 30 minutos, entonces terminas con un pago semanal de solo 130 soles. Y si lo hicimos mal, porque ellos quieren todo a la perfección, se te puede descontar 8 soles, por ahí”, cuenta Claudia quien espera participar de la reunión de hoy con los representantes del Ejecutivo, y pedir entrar al régimen general laboral.
A través de RPP, Geraldine, una trabajadora de la agroexportación, informó que trabajan diez horas diarias por 36 soles y que los caporales no les dan tiempo para comer, no les dan agua ni equipos de protección. Pidió que se vayan los service. “Aquí los únicos que ganan son los caporales y los dueños de los fundos”, dijo.
En Cadena Sur TV, un medio de Ica, otra trabajadora contó que las service no solo cobraban una comisión a los trabajadores por darles un contrato en una empresa agroexportadora, sino también les cobraban otra comisión por una parte del trabajo realizado.
Al respecto, Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica por Fuerza Popular y empresario agrícola, señaló estar en contra de las services, pero rechazó que se derogue la Ley de Promoción Agraria —conocida también como ley Chlimper— “porque ha sido el mayor generador de empleo en la historia del Perú. Antes era 100% informal, pero hace 20 años, con la promulgación de la norma, generó muchos empleos”.
En contraste con las declaraciones de Cillóniz, el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, indicó que tras 20 años de la Ley de Promoción Agraria, solo se ha logrado emplear al 7% del total de la PEA agraria. “Entonces, la mayoría trabaja en torno a la informalidad. Tampoco es un régimen que haya sido exitoso, porque lo que permitió que las agroexportaciones se elevaran fue el ingreso sin arancel de los productos peruanos al (mercado) norteamericano”, aseveró.
Cuadros también indicó que el régimen laboral agrícola desprotege al trabajador, pues al ser contratados temporalmente se evita que puedan sindicalizarse. Ello, sin contar, además, que las empresas agroexportadoras están excluidas de brindar a sus jornaleros una cobertura de seguro por trabajo de riesgo, “siendo esta una actividad de riesgo”.
“Tras la muerte de dos trabajadores en McDonald’s, se supo del fallecimiento de otra trabajadora en una trituradora de una empresa agroindustrial en Huaral, pero nadie reclamó”, recordó.
El régimen establece una remuneración diaria de por lo menos 39,19 soles, lo que al mes significa como mínimo 1.175 soles. No obstante, al incluirse en ese monto el pago de la gratificación y la CTS, el sueldo real es casi como el mínimo. Un ejemplo claro es la boleta del Fondo Agro Global, publicado por uno de sus representantes esta mañana (ver foto). El contraste con la realidad es que las mismas empresas han logrado facturaciones millonarias por año con ventajas tributarias adicionales. De acuerdo al congresista Lenin Bazán, quien ha presentado un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción Agraria, “las agroexportadoras se ahorran más de 6 mil millones de dólares al año”.
Cuadros, por su parte, ha indicado que eliminar la norma no perjudicará a las empresas, pues “tienen la perfecta capacidad para pagar los beneficios laborales”. Urge que el Congreso y el Ejecutivo escuchen a la población.
Fuente: diario La República