En una fecha poco usual, el Gobierno promulgó el 31 de diciembre la ley que amplía hasta el 2024 el plazo de la formalización de la minera ilegal. La iniciativa fue aprobada por el Congreso el 16 de diciembre.

Anteriormente, la Defensoría del Pueblo había solicitado al Ejecutivo que observe el dictamen por las graves consecuencias que genera al medio ambiente y los derechos humanos. Asimismo, el Ministerio del Ambiente advirtió que el proceso, iniciado hace 19 años, no da resultados, y que los beneficiados son los mineros ilegales. Sin embargo, en Palacio hicieron oídos sordos.

La adjunta de la Defensoría del Pueblo en Medio Ambiente, Lissette Vásquez, resaltó que esta prórroga ocasiona un clima de impunidad en la defensa y fiscalización. “Reiteramos nuestra postura de que esta norma implica un retroceso frente a la minería informal e ilegal”, dijo.

Asimismo, Vásquez recordó que a la minera informal se les exige contar con instrumentos de gestión ambiental, pero muchos no cumplen con los requisitos. “Es una actividad que genera riesgos a la vida y a la salud de las personas”, recalcó.

A través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), se lleva acabo el proceso de formalización los mineros ilegales, esta acción que los blinda de investigaciones del Ministerio Público. Además, refirió que les sorprendió y preocupa que el Ejecutivo no haya recogido la postura del Ministerio de Ambiente.

En silencio

Finalmente, cabe indicar que luego de la promulgación, ni la cartera ministerial ni su titular, Rubén Ramírez, ha dado algún pronunciamiento. Tampoco la primera ministra, Mirtha Vásquez. Quien sí saludó la medida fue el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, y además destacó, según el portal de la entidad, que la ley fue una promesa que el presidente Pedro Castillo hizo a los pequeños mineros y mineros artesanales.