El lunes 23 de febrero, el Consejo de Gabinete de Panamá aprobó un plan transitorio que permitirá a APM Terminals (filial del grupo Maersk) y TiL, parte del Grupo MSC, gestionar los puertos de Balboa y Cristóbal junto a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Estas resoluciones llegan después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato que otorgaba a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, la administración de ambas terminales. Hutchison anunció hace dos semanas que recurriría a todos los recursos legales disponibles para impedir la entrada de APM en sus terminales.

Concesiones transitorias para garantizar operatividad

La primera resolución concede a APMT Panamá, S.A. y a la AMP la gestión del puerto de Balboa por un período de 18 meses, asegurando administración, mantenimiento y operación continuada.

De manera similar, la segunda resolución establece que TiL Panamá, S.A., junto a la AMP, mantendrá por 18 meses la continuidad operativa en el puerto de Cristóbal.

Según reportó Canal Marítimo y Logístico, APM había expresado su disposición para gestionar ambas terminales, no solo la de Balboa, mostrando interés en administrar integralmente las instalaciones.

Toma de control por parte del Gobierno

Durante la jornada, el Gobierno de Panamá emitió comunicados detallando la ocupación temporal de ambos puertos mediante la AMP, debido a un “interés social urgente”. El decreto ejecutivo establece que esta ocupación incluye todos los bienes muebles dentro y fuera de las instalaciones, como grúas, vehículos, computadoras, software y demás recursos presentes en los puertos de Balboa y Cristóbal.

El Ejecutivo aclaró que este mecanismo es excepcional y legítimo, sin implicar pérdida definitiva de la propiedad, garantizando siempre el respeto al debido proceso. Además, se destacó que no habrá despidos, priorizando la estabilidad de los trabajadores.

Contexto legal del fallo

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley que permitía a Hutchison administrar las terminales, señalando que el contrato “limitaba la capacidad soberana del Estado sobre el uso y gestión de sus recursos naturales”. Ambas demandas fueron resueltas en conjunto, reforzando la necesidad de una transición ordenada.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que el Gobierno seguirá una estrategia que garantice la gestión de ambos puertos, “iniciando una transición que busca los mejores resultados e interés para el país a través de un esquema de gestión de los puertos por separado”.