El Gobierno peruano ha reafirmado que la Nueva Carretera Central no se financiará únicamente con recursos públicos. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló que se evaluará qué modalidad resulta más eficiente para el Estado y que garantice el uso adecuado de los recursos públicos.

Miralles recordó que, históricamente, grandes proyectos de infraestructura vial en el país, como las IIRSA, se han desarrollado bajo esquemas mixtos de asociaciones público-privadas (APP), dado que este tipo de infraestructura genera flujos de ingresos que permiten estructurar su financiamiento. La ministra enfatizó que no se privilegia un mecanismo sobre otro, sino que se busca eficiencia y seguridad en el manejo de fondos.

Incremento del costo del proyecto

La ejecución de la obra enfrenta un incremento en su costo, pasando de los S/ 24,000 millones estimados a aproximadamente S/ 30,000 millones. Miralles recordó que la viabilidad del proyecto hace algunos años se calculaba en S/ 12,000 millones.

Compromiso parcial con la Nueva Carretera Central

A pesar del aumento de costos, se mantiene el compromiso de iniciar las obras. El tramo inicial, correspondiente a la construcción del túnel Pariachi, seguirá bajo la modalidad ya prevista, considerando que presenta avances técnicos y estructurales importantes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha comprometido a garantizar los recursos para este tramo inicial mientras se evalúa el esquema financiero integral del resto del proyecto.

Durante una reunión en Palacio de Gobierno, liderada por el jefe de Estado, José María Balcázar, se confirmó que el primer componente —el túnel Pariachi y sus accesos— se ejecutará durante la gestión actual. La inversión inicial será de S/ 600 millones y se desarrollará bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G).

Prioridad: culminación de obras paralizadas

La posición del Ejecutivo respecto a la Nueva Carretera Central se da en el marco de la priorización de más de 12,000 obras truncas a nivel nacional. Según Miralles, muchas obras iniciadas por autoridades subnacionales quedaron inconclusas por falta de financiamiento completo, generando deudas por valorizaciones y paralizaciones.

Para enfrentar esta situación, se aprobó un decreto de urgencia que prioriza el uso de recursos públicos de inversión para la continuidad de obras ya iniciadas, evitando que nuevas autoridades asuman proyectos inconclusos con pasivos presupuestales.