El sector minero e industrial enfrenta una severa traba operativa debido a los dilatados plazos que imponen los trámites del Estado. Cerca de 230 procedimientos administrativos, regulados por unas 470 normas y fiscalizados por aproximadamente 30 entidades públicas, comprimen la viabilidad de los proyectos. Así lo advirtió Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, durante su participación en el panel «Propuestas políticas para el sector minero» de la feria Expomina Perú 2026.

Retrasos críticos en permisos ambientales e hídricos

Los retrasos alcanzan niveles críticos en los instrumentos de gestión ambiental y de recursos hídricos. Según la exposición, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) demoran en promedio 2,5 veces el plazo legal para su aprobación, mientras que sus modificaciones tardan entre 5 y 6 veces más de lo establecido. Por su parte, la obtención de permisos de uso de agua ha llegado a demorar hasta 10 veces el plazo normativo, extendiéndose de 36 a 360 días.

Para destrabar estos cuellos de botella, Portocarrero señaló que eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites —citando como ejemplo el proceso de la consulta previa— permitiría un ahorro de entre 8 y 9 meses por proyecto.

Ventanilla Única y gestión pública paralela

En la misma línea de gestión pública, el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, enfatizó la necesidad de establecer términos de referencia claros para entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernap) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), evitando así observaciones de fondo que son perfectamente eludibles.

Acosta destacó los avances en el desarrollo de un webservice con la ANA para optimizar la comunicación y subrayó la importancia de consolidar una Ventanilla Única Digital (VUD Minem) que permita evaluar los permisos en paralelo, evitando los sobrecostos de tiempo que desincentivan la inversión.

Burocracia multiplicada por más de veinte en 25 años

Esta compleja tramitología contrasta con el escenario macroeconómico y el potencial del país. El Perú cuenta con un importante potencial geológico, precios internacionales favorables y una cartera de proyectos mineros que ya suma los 64 000 millones de dólares. No obstante, especialistas del sector público, privado y académico reunidos en el evento coincidieron en que la duplicidad de permisos, la falta de coordinación y la ausencia de una ventanilla única real siguen siendo los principales obstáculos para convertir ese potencial en inversión, empleo y desarrollo.

Profundizando en el diagnóstico institucional, Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y titular del comité sectorial minero de dicha institución, advirtió que en los últimos 25 años lo único que ha empeorado es la burocracia. Recordó que si en el año 2001 un proyecto minero debía cumplir con 12 procedimientos administrativos, hoy la cifra asciende a 265, según cifras de Apoyo Consultoría.

Ante este panorama, Quijandría planteó que la cartera de 64 000 millones de dólares se convierta en un «objetivo país» como política de Estado, solicitando avanzar hacia el silencio administrativo positivo. Asimismo, sugirió eliminar la secuencialidad innecesaria y simplificar procesos específicos, como el de la mina Pucamarca (Minsur), que al encontrarse en la frontera entre Tacna y Chile debe pasar por la cancillería pese a no constituir un asunto de seguridad nacional.

Competitividad frente al boom de minerales críticos

Por su parte, Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre, por lo que el Perú corre el riesgo de perder la oportunidad ante una menor competitividad frente a otros países.

Por ello, planteó revisar de punta a punta el recorrido normativo desde el inicio del proyecto hasta su construcción o producción, mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer y remunerar mejor a los funcionarios públicos, y superar la desconfianza mutua entre los sectores público y privado.