Para garantizar de forma definitiva su facultad de supervisión sobre el megapuerto de Chancay, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) mantiene una firme batalla legal mediante un recurso de apelación ante el Poder Judicial. Esta acción jurídica busca revertir una sentencia de primera instancia emitida por el juez Juan Carlos Núñez Matos, quien había fallado a favor de la administradora del terminal bajo el argumento de una presunta violación a la libre empresa y al derecho a la propiedad.

Respecto a dicho fallo, el abogado de la entidad reguladora y expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, sustentó los argumentos de la apelación señalando que el magistrado declaró inaplicables actos administrativos que jamás fueron emitidos ni ejecutados. Asimismo, reveló que la supuesta amenaza denunciada por la corporación para iniciar el proceso de amparo consistió únicamente en una carta formal de Ositrán que los invitaba a una reunión de coordinación institucional.

El origen de la controversia por tarifas y regulación

El origen de esta controversia radica en la postura de Cosco Shipping Ports —corporación privada estructurada con un 60 % de capital estatal chino—. La compañía sostiene que, al tener una titularidad netamente privada y no operar bajo la figura de una concesión, no está obligada a someterse a las regulaciones de Ositrán ni a asumir el pago de las tarifas de supervisión.

Sin embargo, la defensa legal aclaró que el marco legal peruano no exime a la empresa, debido a que la Ley 26917 otorga competencia directa al organismo supervisor cuando las actividades y el destino de la infraestructura son de uso público, independientemente de que se reconozca y respeta que la propiedad de las instalaciones es privada.

El precedente técnico del terminal de Pucallpa

Para demostrar que la posición de la compañía asiática carece de sustento dentro del país, el abogado mencionó el precedente del terminal de Pucallpa. Dicho puerto opera con características idénticas —capital mixto con participación extranjera, propiedad privada y uso público— y, sin embargo, se encuentra sometido a la fiscalización del Estado sin que ello represente una afectación a la libertad de empresa. De confirmarse el fallo en favor de Cosco Shipping, el complejo de Chancay se convertiría en la única instalación portuaria en todo el Perú exenta del control estatal.

Riesgos para el modelo de economía social de mercado

Finalmente, la defensa del Estado alertó que ceder ante la demanda de la empresa portuaria significaría un retroceder 40 años en la consolidación institucional del país y afectaría de forma directa los pilares de la economía social de mercado. Este modelo constitucional defiende la inversión privada y la libre competencia, pero exige irremediablemente la presencia de organismos reguladores para garantizar la soberanía nacional y el bien común en la prestación de servicios públicos.