Contra la sentencia judicial relacionada con el Terminal Portuario de Chancay, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) presentó un recurso de apelación, solicitando que la instancia superior declare infundada la demanda y revoque la decisión.

Defensa basada en análisis técnico y legal

Para sustentar su posición, Ositrán realizó un análisis técnico y legal completo, apoyándose en la normativa vigente que le otorga funciones de supervisión, regulación, fiscalización y solución de controversias y reclamos. Su trabajo se orienta a proteger los intereses de los usuarios de infraestructuras de transporte de uso público.

La entidad indicó: “Los argumentos de la resolución demuestran inconsistencias y no se ajustan al marco jurídico nacional”. Además, su defensa se fundamenta en la competencia regulatoria vinculada al uso público de la infraestructura, aclarando que no depende de contratos de concesión ni de la titularidad del puerto.

Alcance de la supervisión sobre infraestructura de transporte

Toda infraestructura de transporte con alcance nacional que presta servicios al público se encuentra dentro del ámbito de supervisión de Ositrán, independientemente de si su titularidad es privada o pública, según la normativa vigente.

La entidad destacó que su función busca:

• Verificar que los servicios se brinden con igualdad de trato y condiciones idóneas.
• Garantizar que los usuarios reciban información adecuada.
• Asegurar mecanismos para reclamos en caso de disconformidad.

Estos elementos son clave para proteger el interés público y mantener la calidad del servicio.

Precedente del Terminal Portuario LPO en Pucallpa

Ositrán mencionó que el Terminal Portuario LPO, ubicado en Pucallpa, representa un precedente importante, dado que posee habilitación portuaria similar a la del Terminal Portuario de Chancay, y sobre el cual la entidad ejerce sus competencias.

Según el regulador, este caso es relevante para el análisis jurídico porque evidencia que infraestructuras de calificación equivalente están sujetas al marco regulatorio vigente. Además, Ositrán resaltó que la normativa debe aplicarse de manera uniforme, evitando que ninguna empresa interprete la ley de manera particular que genere excepciones al régimen regulatorio.