La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, expresó su preocupación respecto al fallo judicial que favorece a Cosco Shipping Ports y limita las funciones del organismo sobre el Megapuerto de Chancay.

En sus palabras: «Estarían estableciendo un régimen […] normativo diferente para ellos como empresa, porque ellos serían la única empresa que presta servicios al público y que no es supervisada en cómo presta esos servicios al público».

El fallo ordena que Ositrán se abstenga de ejercer sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del puerto. Según Zambrano, esta medida recorta las funciones del organismo para garantizar que se cumplan los derechos de los usuarios finales, incluyendo importadores, agentes de aduana y dueños de carga.

Riesgos para los usuarios

La presidenta advirtió que, sin la intervención de Ositrán, los usuarios quedarían en una situación vulnerable, afectando:

• Derecho a información transparente sobre los servicios portuarios.
• Derecho a la no discriminación en el trato comercial.
• Acceso a un procedimiento de reclamos formal ante la autoridad reguladora.

Zambrano explicó: «Cualquier inversionista está sujeto a una serie de fiscalizaciones por el Estado. Por ejemplo, en gasto de un puerto, está la Autoridad Portuaria Nacional (APN), está Sunafil, que va a entrar a ver temas laborales, está la SUNAT que va a haber tema de impuestos y Ositrán que entra a ver el tema de atención a los usuarios, derechos de los usuarios finales. Eso no lo ve Indecopi, eso no lo ve la autoridad portuaria. Entonces, al decir que ellos no lo vamos a ver nosotros, ¿quién lo va a ver? No lo va a ver nadie».

Fallo judicial a favor de Cosco Shipping Ports

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundada una acción de amparo a favor de Cosco Shipping Ports. La resolución establece que Ositrán no debe supervisar ni fiscalizar las operaciones del Megapuerto de Chancay.

El sustento del fallo, según Cosco Shipping, es que el puerto es infraestructura privada, financiada íntegramente por la empresa, sin recibir bienes o subsidios del Estado, y sin operar bajo contrato de concesión. El abogado de la compañía, Ramiro Portocarrero, indicó: «La competencia con otros puertos será el «mejor policía» para disciplinar las tarifas y servicios».

Respuesta de Ositrán al argumento de propiedad privada

Zambrano aclaró que, aunque la inversión sea privada, la empresa elige prestar un servicio de uso público y utiliza 180 hectáreas de mar peruano, un recurso de dominio público.

Apelación de Ositrán

Aun cuando Ositrán no ha sido notificado formalmente del contenido completo de la resolución, la presidenta confirmó que el organismo apelará la decisión de inmediato. La institución busca revertir lo que considera un régimen privilegiado que podría dejar sin protección a los usuarios del terminal portuario más importante que se construye actualmente en la región.