El financiamiento de la Nueva Carretera Central vuelve al centro del debate, en un contexto de incertidumbre presupuestal y tras la reciente polémica por la continuidad de la asistencia técnica. En este escenario, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, planteó un esquema alternativo que combina recursos públicos y endeudamiento, con el objetivo de evitar retrasos en la ejecución de la obra.

El proyecto se ejecuta bajo un acuerdo Gobierno a Gobierno (GtoG) entre Perú y Francia y presenta un desfase entre los recursos asignados y los requerimientos reales. Para 2026, el presupuesto alcanza S/ 190 millones, mientras que se estima que se requieren al menos S/ 600 millones solo en el presente año para iniciar obras como el túnel Pariachi. En ese marco, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, indicó que existe el compromiso del Gobierno de inyectar S/ 400 millones adicionales para iniciar las obras durante la gestión del presidente José María Balcázar.

Propuesta de financiamiento y endeudamiento progresivo

La propuesta del Gobierno Regional de Junín se origina en el Comité Multisectorial para la Nueva Carretera Central, según explicó Cárdenas. El esquema plantea asignar aproximadamente S/ 6,000 millones de recursos públicos entre 2027 y 2028, y posteriormente financiar el proyecto mediante deuda pública por cerca de S/ 19,000 millones.

“El endeudamiento sería progresivo, mediante emisiones anuales de bonos soberanos cercanas a S/ 4,000 millones, respetando las reglas fiscales”, detalló Cárdenas. De acuerdo con el gobernador, esta estructura permitiría culminar la obra en un plazo de seis años, conforme a la planificación vigente.

La propuesta ya fue presentada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyos equipos técnicos evalúan su viabilidad fiscal y los supuestos planteados.

Evaluación de una eventual Asociación Público Privada

Cárdenas advirtió que la adopción de una Asociación Público Privada (APP) podría implicar un retraso de hasta 10 años, debido a la necesidad de rediseñar la estructura del proyecto y desarrollar nuevos procesos preparatorios.

“Este proyecto no fue concebido como APP. Cambiar el esquema implicaría rehacer etapas clave y eso posterga la ejecución”, señaló.

Asimismo, indicó que el costo fiscal bajo este modelo sería mayor. Según precisó, el Estado terminaría pagando más de US$ 1,000 millones anuales, cifra que superaría el costo del esquema basado en endeudamiento directo.

La exministra primera ministra, Denisse Miralles, había señalado previamente que el Gobierno evaluaba cambiar la modalidad de ejecución, dado que el monto del proyecto resulta elevado para financiarse únicamente con recursos públicos, considerando la APP como una alternativa.

Opciones complementarias de financiamiento

El planteamiento incluye mecanismos adicionales para diversificar las fuentes de financiamiento:

• Cargos a usuarios beneficiados, similares a esquemas aplicados en proyectos energéticos, sin afectar a poblaciones vulnerables.
• Creación de un fideicomiso con ingresos futuros, como peajes.
• Participación de recursos vinculados a actividades extractivas en la macroregión centro, donde operan más de 30 empresas mineras.

Estas alternativas se evalúan como complementarias o sustitutas parciales del endeudamiento.

Condiciones para el inicio de las obras

El inicio de las obras depende del cierre financiero. Según el cronograma, la adjudicación de la empresa que construirá el túnel Pariachi, primer componente del proyecto, se concretaría en mayo, con miras a iniciar trabajos entre fines de junio e inicios de julio.

Para ello, se requieren adelantos por al menos S/ 300 millones, además de recursos para la liberación de predios y estudios pendientes. La Nueva Carretera Central, cuyo costo total podría alcanzar hasta S/ 30,000 millones, contempla una vía moderna de cuatro carriles con túneles e intercambios viales, orientada a mejorar la conectividad entre Lima y la macroregión centro.