La agencia calificadora Moody´s destacó que el Perú tiene una sólida agenda de proyectos de Asociación Público-Privada (APP), cercana a los 24,000 millones de dólares, que favorecerá el desarrollo de infraestructura en el país.

La agencia calificadora detalló que estos planes de Asociación Público-Privada se licitarían entre el 2024 y 2026. 

«Su principal objetivo es cerrar la brecha en los servicios públicos, incluyendo proyectos de alcantarillado, salud, transporte y desarrollo agrícola», señaló en su reporte de Infraestructura y financiamiento de proyectos – América Latina y El Caribe.  

Así, refirió que tras haber alcanzado un máximo en el 2014, cuando la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) promovió proyectos por un total de 11,200 millones de dólares en inversiones, la agencia otorgó tan solo 1,700 millones de dólares entre el 2015 y 2022. 

Precisó que para el primer semestre del 2024, ProInversión ya había licitado proyectos de infraestructura vial, puertos, minería y transmisión por 5,100 millones de dólares. La cartera del 2024 incluye proyectos de transmisión, infraestructura ferroviaria y vial, salud e industria que atraerían 3,200 millones de dólares adicionales. 

Iniciativas estratégicas 

Consideró que hay varias iniciativas estratégicas en curso en el sector transporte que respaldan el crecimiento de las inversiones en APP.  

«El Perú está llevando a cabo algunos proyectos importantes de infraestructura vial para mejorar las conexiones regionales y aumentar la competitividad global del país», resaltó. 

Uno de ellos es el plan del gobierno que incluye inversiones con los países vecinos de Bolivia y Brasil para ayudarlos a alcanzar los mercados chinos a través de puertos y disminuir el tiempo de transporte marítimo a través del Canal de Panamá.  

La nueva infraestructura de transporte también ayudaría a reducir los costos de transporte y seguridad de las empresas mineras en el Perú, agregó. 

Confianza empresarial 

La agencia calificadora Moody’s señala que si bien la confianza empresarial sigue siendo relativamente baja en comparación con los niveles prepandémicos, los servicios públicos y la minería siguen generando inversiones considerables.  

«Las inversiones privadas en proyectos de distribución de electricidad y agua y alcantarillado siguen creciendo. Además, el sector minero está más protegido de las fluctuaciones políticas y económicas en el Perú, ya que la inversión en el sector depende de los precios internacionales y la demanda de commodities», indicó. 

Adicionalmente, aseveró que el acceso al financiamiento a largo plazo es un obstáculo importante para desbloquear las inversiones previstas.  

Señaló que si bien la Constitución del Perú ofrece un entorno favorable de inversión, la aversión al riesgo y las altas tasas de interés han reducido los volúmenes de emisión de bonos.  

Libertad de comercio 

Indica que la Constitución del Perú garantiza un trato no discriminatorio hacia los inversionistas locales y extranjeros, la libertad de comercio e industria, y el derecho de enviar remesas al extranjero y reexportar libremente cualquier inversión de capital.  

También permite la libre posesión de monedas extranjeras, el acceso ilimitado al mercado crediticio local, el derecho de contratar aseguradoras o proveedores de tecnología extranjeros, y los medios para celebrar acuerdos de estabilidad legal con el gobierno peruano para sus inversiones en Perú, agregó. 

De otro lado, refirió que los retiros de fondos de pensiones a principios del 2024 redujeron los activos administrados, lo que limitó la disponibilidad de fuentes locales de financiamiento.