El pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la modificación de la ley del sistema portuario nacional para establecer que el titular de un puerto privado de uso público, que cuente con habilitación portuaria, pueda brindar servicios con exclusividad.

La modificación de la ley faculta a la Autoridad Portuaria Nacional a otorgar la operación en exclusividad a las empresas privadas que tengan una licencia portuaria, como la empresa china Cosco Shipping, que actualmente construye el megapuerto de Chancay, al norte de Lima.

La propuesta normativa, que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional, se aprobó este miércoles con 72 votos a favor, 32 en contra y cuatro abstenciones. El dictamen será materia de segunda votación transcurrido los siete días calendario, para que quede ratificada y lista para su promulgación en el Ejecutivo.

«Una vez otorgada la habilitación portuaria, la Autoridad Portuaria competente otorga la exclusividad en la prestación de servicios portuarios esenciales que haya solicitado el titular del puerto privado junto con la licencia portuaria. Dicha exclusividad es de aprobación automática», señala el texto del dictamen aprobado.

El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Salhuana, declaró que, en este caso, «la empresa Cosco Shipping que está construyendo el megapuerto de Chancay tiene su autorización portuaria y, por consiguiente, tiene el derecho exclusivo de los sistemas portuarios vigentes».

Agregó que otro cambio que se ha introducido en la ley es que se permita prorrogar las concesiones portuarias por 30 años adicionales.

Se establece que la infraestructura portuaria podrá ser entregada en administración al sector privado hasta por 30 años, prorrogables hasta por el mismo plazo, en las modalidades de asociación en participación, contratos de arrendamiento, contratos de concesión, contratos de riesgo compartido, contratos de gerencia, contratos societarios y otras modalidades establecidas en la legislación.

En marzo pasado, el consorcio Cosco Shipping Ports (CSPCP) reclamó estabilidad jurídica en Perú, tras conocerse que el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) había interpuesto una demanda para anular una cláusula del contrato que le otorga la exclusividad de los servicios portuarios en Chancay.

Cosco defendió que esa medida se acordó «luego de un exhaustivo proceso según el marco legal requerido para tal fin» y que «ha sido un aspecto relevante para que los socios del proyecto del puerto de Chancay tomaran la decisión de invertir los 1.300 millones de dólares que prevé su primera etapa».

La Autoridad Portuaria Nacional había admitido que «no cuenta con la facultad legal para otorgar la exclusividad de servicios» y que, por ese motivo, solicitó que se anule el artículo 2 de la resolución «buscando corregir un error en un acto administrativo», aunque aseguró que «el proceso constructivo y la futura operación» del puerto no se verán afectadas.

Chancay, ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Lima, aspira a convertirse en la principal conexión comercial de China en Sudamérica, mediante el uso del «primer puerto privado para uso público» en Perú ya que, debido a su profundidad de más de 16 metros, podrá recibir a buques con capacidad de 18.000 contenedores.

Las autoridades peruanas esperan que la primera etapa del puerto sea inaugurada durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en noviembre en Lima y a la que asistirá el presidente de China, Xi Jinping.