El impulso de la economía peruana contrasta de manera severa con los profundos desafíos institucionales que obstaculizan el desarrollo regional. Mientras la revisión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) —elaborada por los economistas Moya Chin, Giovanni Ugazio y la asesora Sonia Muñoz— destaca que la coyuntura global otorga un valioso espacio fiscal para implementar reformas profundas y canalizar ingresos hacia una inversión pública más eficiente capaz de elevar el PBI potencial hasta en un punto porcentual, la realidad operativa del país muestra fuertes contrastes.

Ejecución del gasto público y brechas logísticas en regiones

El rendimiento macroeconómico reciente choca frontalmente con los graves problemas de ejecución del gasto fiscal. Las municipalidades y los gobiernos locales, encargados de administrar la mayor parte del canon, enfrentan serias dificultades técnicas para concretar obras. Obligados a operar en ciclos políticos cortos, su limitada capacidad de gestión debilita la confianza de la ciudadanía e impide reducir una gigantesca brecha de infraestructura que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula en 100,000 millones de dólares.

Esta ineficiencia institucional frena el desarrollo descentralizado y golpea directamente la competitividad del sector logístico. A pesar de que el sector extractivo representa más del 10% de la inversión privada total, carece de la capacidad intrínseca para generar un desarrollo sostenible por sí solo.

Contexto macroeconómico, exportaciones y comercio exterior

El panorama está marcado por una fuerte actividad exportadora. Durante 2025, la economía peruana expandió su producto bruto interno (PBI) en un 3.4%, situándose a la cabeza de los países comparables en la región gracias a las cotizaciones récord de sus principales envíos mineros. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas registra 26 meses de crecimiento continuo.

La transición energética global y la acelerada demanda de cobre y oro destinada a la infraestructura de inteligencia artificial sostienen elevados los términos de intercambio de la nación. Este flujo constante de divisas ha fortalecido los equilibrios fiscales y externos, elevando la confianza económica y el consumo privado a sus niveles más altos desde la pandemia. Sin embargo, los analistas advierten que la verdadera prueba para las políticas públicas no radica en aprovechar las cotizaciones temporales, sino en garantizar una senda de expansión sólida cuando los valores internacionales dejen de impulsar la economía.

Retos estructurales: informalidad, seguridad y mercado laboral

Para que el desarrollo sea inclusivo, equitativo y diversificado, es necesario traducir la bonanza en un verdadero catalizador de la productividad. No obstante, persisten trabas estructurales severas. La pobreza afecta a más del 25% de la población y la informalidad laboral supera el 70%, niveles prácticamente idénticos a los observados en 2012.

A lo anterior se suma que las regulaciones laborales y tributarias distorsionadas frenan el crecimiento empresarial, restringiendo la penetración de mercado y el incremento de escala. El incremento de la inseguridad ciudadana y la inestabilidad política elevan el costo de oportunidad para el capital privado. En paralelo, destrabar la vasta cartera de inversión minera —valuada en 63,000 millones de dólares, equivalentes al 18% del PBI— exige simplificar trámites burocráticos y contener la minería ilegal vinculada al crimen organizado, la cual amenaza la seguridad formal y resta cuota de mercado a las operaciones reguladas.

Lecciones históricas y la necesidad de reformas

El momento actual recuerda al ciclo histórico entre 2002 y 2014, cuando las materias primas multiplicaron su valor por más de 5, permitiendo un incremento promedio del 6% anual e irradiando progreso hacia sectores no mineros como la agroindustria, el turismo y los servicios. Aquel avance se sustentó en reformas sólidas: reglas de responsabilidad fiscal, metas de inflación, liberalización comercial y privatizaciones que elevaron la productividad total de los factores. No obstante, a partir de 2014 el impulso reformista se estancó en medio de crisis políticas recurrentes.

Finalmente, el mercado laboral afronta un reto de absorción productiva que trasciende la bonanza coyuntural. Aunque los recursos mineros estimulan la renta nacional y el consumo agregado, la contratación formal se halla limitada por fricciones institucionales. La dificultad para trasladar ganancias de productividad hacia actividades urbanas y rurales con alta demanda de mano de obra perpetúa la falta de protección social para la mayoría de asalariados.

Asimismo, la expansión de la minería no regulada tras la pandemia altera las estructuras salariales y debilita la gobernanza local al competir deslealmente con las empresas corporativas. Para superar este escenario, el diagnóstico del FMI subraya la urgencia de reducir costos de formalización, ampliar la penetración del crédito y profundizar la intermediación financiera para apalancar proyectos privados, asegurando un marco regulatorio ágil y predecible que fomente la inversión a largo plazo y la resiliencia operativa del sector no extractivo.