Con el propósito de consolidar el eje logístico sur del país, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) promueve una cartera integrada por 22 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP), dos Proyectos en Activos y una adenda, valorada en 10 169 millones de dólares.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de la institución, Luis Del Carpio, durante su participación en el foro ANDESMIN 2026 en Ayacucho, donde detalló que esta batería de intervenciones representa el 25% del portafolio global de proyectos APP y Proyectos en Activos de la entidad, cuyo monto global bordea los 50,000 millones de dólares.

Infraestructura portuaria, energética y potencial ferroviario minero

Este bloque de infraestructura contempla activos estratégicos como el Puerto de Marcona, el Puerto de Matarani y el Puerto Seco Puno, además de diversos desarrollos en hidrocarburos y transmisión eléctrica.

Al respecto, Del Carpio enfatizó la trascendencia operativa de estos frentes: «La integración de puertos, carreteras, infraestructura energética y nodos logísticos ofrece una oportunidad para mejorar la competitividad minera y agropecuaria, facilitar el acceso a mercados e impulsar actividades económicas vinculadas al comercio y los servicios».

Asimismo, el titular de la agencia identificó dos potenciales proyector ferroviarias en el sur para poenciar la logística minera:

• Ferrocarril Andahuaylas–Marcona: valorizado en 8,167 millones de dólares.
• Ferrocarril Imata – Espinar – Cotabambas: presupuestado en 4,523 millones de dólares.

Estrategia de gestión: modelos APP 5.0 y Obras por Impuestos 360

La estrategia institucional expuesta en ANDESMIN 2026 apunta a acelerar el avance de las obras para convertir el potencial regional en facilidades productivas y bienestar ciudadano. «Antes medíamos el éxito el día de la firma; ahora, el día en que llega el servicio. Esta orientación expresa el cambio de la agencia hacia una gestión centrada en la ejecución y los resultados para los ciudadanos», aseveró Del Carpio.

Esta reorientación operativa se sostiene sobre tres pilares de gestión:

1. Modelo APP 5.0: abarca la gestión integral del proyecto desde la formulación hasta la adjudicación y puesta en marcha, fortaleciendo la gobernanza y delimitando responsabilidades para superar obstáculos.
2. Obras por Impuestos 360: orientado a acelerar la ejecución de obras prioritarias y canalizar recursos privados hacia necesidades regionales de corto plazo.
3. Ventanilla única e instrumentos de facilitación: diseñados para brindar confianza a los inversionistas y agilizar la tramitación del ciclo de inversión.

Esta visión articula tres mecanismos complementarios: las Asociaciones Público-Privadas (APP) para servicios de largo plazo, los Proyectos en Activos para poner en valor el patrimonio público, y Obras por Impuestos para movilizar capital privado hacia el cierre de brechas.

Balances y capacidad de financiamiento mediante Obras por Impuestos en el sur

En cuanto al balance del mecanismo de Obras por Impuestos, las entidades públicas de nueve regiones del sur (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Tacna, Moquegua, Puno y Madre de Dios) acumularon 807 intervenciones adjudicadas por más de 12,692 millones de soles entre 2009 y octubre de 2026. Únicamente en lo que va del año 2026, se adjudicaron 385 intervenciones por 4,754 millones de soles. Por su parte, las empresas mineras financió 96 intervenciones por 2,493 millones de soles en el mismo periodo de análisis.

De cara a nuevas ejecuciones, las regiones del sur registran una proyección de financiamiento relevante:

• Capacidad conjunta (TMCA): cuentan con 29 058 millones de soles para suscribir convenios y adendas según su Tope Máximo de Capacidad Anual, correspondiendo a Ayacucho un potencial específico de 1,570 millones de soles.
• Cartera identificada: se han mapeado 197 intervenciones potenciales por 6,142 millones de soles en distintas fases de preparación y priorización.

«Convertir estas oportunidades en servicios operativos exige articular esfuerzos entre autoridades y empresas, con una prioridad compartida, que las inversiones se ejecuten y sus beneficios lleguen a las comunidades», concluyó Del Carpio.