El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció un avance de 40,000 millones de dólares en inversiones mineras durante los próximos cinco años, impulsando una cartera que supera los 64,000 millones de dólares en el Perú.

Durante su exposición en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), el ministro Guillermo Shinno remarcó que la prioridad del gobierno será transformar la riqueza minera en bienestar tangible para la población, situando al ciudadano y al territorio en el centro de cada decisión.

«La verdadera riqueza se mide en el bienestar, la paz social y el desarrollo humano de las poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran estos recursos», afirmó al detallar que el objetivo es asegurar que los beneficios de la actividad minera sean visibles y concretos para las comunidades cercanas a los yacimientos.

Cartera minera y gobernanza territorial preventiva

La cartera minera nacional suma inversiones conjuntas por 64,075 millones de dólares distribuidas en proyectos a lo largo del país, y el gobierno espera lograr avances significativos por 40,000 millones de dólares en este quinquenio, evaluando la posibilidad de inaugurar operaciones.

Para viabilizar este desarrollo, Shinno subrayó que la gestión estatal dejará atrás el antiguo modelo reactivo de intervención ante conflictos sociales, avanzando hacia una gobernanza territorial preventiva que permita anticipar crisis y planificar el desarrollo junto con empresas, gobiernos locales y comunidades.

Lucha frontal contra la minería ilegal

En paralelo, el titular del Minem advirtió que la sostenibilidad del sector exige una lucha frontal contra la minería ilegal y las economías criminales que afectan la Amazonía y los Andes. Estas actividades ilícitas destruyen el tejido social, dañan los ecosistemas y vulneran los derechos de las comunidades nativas y campesinas.

El ministro remarcó que no habrá desarrollo posible mientras existan peruanos sin acceso a servicios básicos en las zonas mineras, por lo que erradicar la ilegalidad se mantiene como una prioridad sectorial ineludible.