En octubre pasado, 23 exportadoras de fruta chilenas acudieron al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) para demandar a Mediterranean Shipping Company (MSC), considerada la naviera más grande del mundo, informó El Economista.

Acusaron una “sucesión continua y sistemática de abusos” de la empresa con sede en Suiza durante la pandemia.

La arremetida no prosperó: a mediados de enero el TDLC rechazó la acción judicial, argumentando que las conductas imputadas se relacionan más con incumplimientos contractuales que con violaciones a normas de defensa de la competencia. Por lo tanto, rechaza el recurso de reposición contra la resolución impugnada.

En cuanto a la imputación de abuso de posición dominante, el TDLC argumentó que las conductas señaladas por las demandantes se refieren principalmente a incumplimientos contractuales y no constituyen una clara infracción a las normas de defensa de la competencia, enfatizando que, para configurar una infracción, la demanda debe imputar conductas específicas constitutivas de ilícitos anticompetitivos, lo cual, según el tribunal, no ocurre en este caso.

Pero en paralelo a este proceso, también se inició un juicio en Estados Unidos, en el que otras cinco exportadoras locales -Agrosan, Los Lirios, del Maipo, Chacabuco Quality Grapes y Santa Olga de Pirque- interpusieron una demanda en Pensilvania en la que acusaron a MSC, Greenwich Terminals y Holt Logistics, entre otras compañías, de haber dañado diversas cargas de uva que iban a comercializarse en el mercado norteamericano. La gestión legal fue coordinada en Chile por el estudio Araya y Cía, quien se vinculó, primero, con el estudio Mattioni, para luego transitar a Casey & Barnett.