En el marco del caso del Aeropuerto Internacional de Chinchero, una corte federal de Estados Unidos declaró en rebeldía al Estado peruano, luego de que el país no cumpliera con el pago de una indemnización superior a los $ 91 millones ordenada por un tribunal arbitral internacional a favor del consorcio Kuntur Wasi.

Desde el punto de vista procesal, la declaración de rebeldía significa que el Perú no respondió ni presentó defensa dentro del plazo legal del proceso judicial iniciado en Estados Unidos, motivo por el cual el juez resolvió el caso sin escuchar una posición del Estado y confirmó la obligación de pago establecida previamente.

Antecedentes del contrato de concesión

El origen de este conflicto se remonta a 2017, cuando el Estado peruano decidió resolver de manera unilateral el contrato de concesión suscrito con el consorcio Kuntur Wasi para la construcción y operación del aeropuerto de Chinchero, ubicado en Cusco.

Dicho contrato había sido adjudicado en 2014 y posteriormente modificado en 2016; sin embargo, el Gobierno de ese momento consideró que esas modificaciones resultaban desfavorables para el Estado, razón por la cual optó por cancelar la concesión.

Situación del proyecto aeroportuario

Es importante precisar que la decisión estatal no implicó la cancelación del proyecto del aeropuerto, sino únicamente la resolución del contrato con la empresa concesionaria, manteniéndose la ejecución del proyecto bajo un esquema distinto.

Actualmente, el desarrollo del aeropuerto continúa a cargo del propio Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Arbitraje internacional ante el CIADI

Tras la cancelación del contrato, Kuntur Wasi sostuvo que dicha decisión fue arbitraria e injustificada, por lo que llevó la controversia a un arbitraje internacional ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, tribunal dependiente del Banco Mundial especializado en disputas entre Estados e inversionistas.

En mayo de 2024, el CIADI resolvió a favor de la empresa y ordenó al Estado peruano pagar una indemnización de $ 91,205,056, más intereses, correspondiente a los perjuicios ocasionados por la terminación del contrato.

Ejecución del laudo arbitral

Si bien el laudo del CIADI constituye una decisión internacional, su cobro no es automático, ya que requiere ser reconocido y ejecutado como sentencia judicial en alguna jurisdicción.

Por ese motivo, Kuntur Wasi acudió a una corte federal de Estados Unidos, donde solicitó que la decisión arbitral sea tratada como una sentencia estadounidense, lo que permitiría iniciar acciones legales para exigir el pago.

La decisión de la corte federal no crea una nueva deuda, sino que ratifica una obligación ya establecida por el tribunal arbitral internacional y abre la posibilidad de buscar mecanismos legales de cobro en el exterior, mientras el monto continúa incrementándose por los intereses.