El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, afirmó en rueda de prensa que China “se opone firmemente” a las declaraciones de Estados Unidos que cuestionaron su rol en el Puerto de Chancay y lo calificaron como “depredador”.

Este pronunciamiento se da en el marco de la controversia sobre la regulación del Puerto de Chancay, donde el gobierno estadounidense señaló que la falta de supervisión estatal le «cuesta la soberanía» al Perú.

Cosco Shipping defiende sus operaciones

El operador del terminal, la empresa china Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP), respondió defendiendo sus operaciones. Aclaró que “su naturaleza privada no significa afectación alguna de la soberanía nacional; el puerto no tiene ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria”, y destacó que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH) promueve el comercio y la productividad del país.

La empresa precisó que las autoridades peruanas ejercen todas sus atribuciones de control y supervisión dentro del puerto mediante diversas entidades públicas, entre ellas:

• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT – Aduanas)
• Autoridad Portuaria Nacional (APN), incluida la Unidad de Control Conjunto multisectorial
• Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa)
• Migraciones
• Dirección Nacional Antidrogas
• Policía Fiscal y Ambiental
• Autoridades sanitarias
• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Según Cosco, esta presencia institucional garantiza que el puerto opere bajo estándares de fiscalización equivalentes a cualquier otra infraestructura estratégica del país.

Controversia judicial con Ositrán

La disputa entre el Puerto de Chancay y el Estado peruano, representado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), comenzó cuando la empresa se opuso a ser regulada por la entidad, argumentando que al no ser una concesión sino una inversión 100% privada, no le corresponde supervisión por Ositrán.

Para resolver la situación, Cosco presentó una demanda ante el Poder Judicial, que en primera instancia determinó que Ositrán debe “abstenerse de ejercer -directamente o a través de sus dependencias u organismos técnicos adscritos- sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción” sobre las actividades del puerto.

La única excepción será la fijación de tarifas a los usuarios finales, únicamente si el Indecopi confirma que no existe competencia en el mercado.

Reacciones nacionales

El fallo judicial también provocó un pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos, que cuestionó la decisión alegando que podría afectar la soberanía peruana. Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que utilizará los “recursos procesales” que se requieran para revertir la decisión judicial.

Defensa de la legalidad y derechos de usuarios por Cosco

En su comunicado, Cosco Shipping indicó que el fallo se produce en el marco de la acción de amparo interpuesta frente a Ositrán. La empresa precisó que la Ley del Sistema Portuario Nacional asigna competencias específicas a distintas entidades del Estado, estableciendo que Ositrán supervisa contratos de concesión y regula tarifas en mercados sin libre competencia portuaria de uso público.

Cosco reafirmó que la defensa de los derechos de los usuarios portuarios corresponde a la Autoridad Portuaria Nacional, y que su recurso judicial busca salvaguardar la estabilidad normativa y jurídica bajo la cual se realizó la inversión, sin limitar la capacidad del Estado para fiscalizar o proteger a los usuarios.

“El Estado no pierde capacidad alguna de control y fiscalización”, enfatizó la empresa. Además, señaló que mientras se desarrolla el proceso judicial, ha efectuado el aporte por regulación exigido por Ositrán “bajo protesta”.