El Canal de Panamá proyecta una nueva etapa de crecimiento tras más de 25 años de gestión panameña. Sus administradores han diseñado un plan de expansión que coincide con lo que denominan su “mayoría de edad”.

El antecedente simbólico se remonta al 14 de diciembre de 1999. Ese día, dirigentes iberoamericanos, junto al Rey Juan Carlos I, Mireya Moscoso y Jimmy Carter, observaron el tránsito de un barco en Miraflores. La imagen representó la transferencia del canal a Panamá tras 85 años de control estadounidense.

Desde entonces, la infraestructura ha sido gestionada de manera autónoma. La Autoridad del Canal de Panamá es una institución del Estado con independencia constitucional. Cuenta con una junta directiva designada por el Parlamento con mandatos de nueve años.

El presupuesto del canal es propio y no puede ser modificado por el Gobierno. Solo puede ser aprobado o rechazado anualmente. Sus 8.500 trabajadores no tienen derecho a huelga.

Nueva ampliación y objetivos operativos

La administración del canal busca convertirse en un hub que consolide su rol como facilitador del transporte de gas norteamericano. También apunta a incrementar el volumen de mercancías de menor tamaño.

Esta estrategia representa, en la práctica, una segunda gran ampliación. La anterior, concluida en 2016, incorporó un tercer juego de esclusas. Estas permiten el tránsito de buques con más de 12.000 contenedores.

Los sobrecostes de esa obra derivaron en un arbitraje internacional desfavorable para el consorcio liderado por Sacyr, salvo en el componente laboral.

Actualmente, el objetivo es desviar mercancías con mayor crecimiento, especialmente productos energéticos. Esto permitirá liberar espacios para buques sin rutas alternativas.

Neutralidad y continuidad del servicio

Ricaurte Vásquez, presidente de la Autoridad del Canal de Panamá, explicó los lineamientos del plan. Lo hizo durante el Foro de Economía Eurolatino celebrado en Ciudad de Panamá.

El principal desafío es mantener el servicio de forma ininterrumpida durante todo el año. Otro eje es preservar la neutralidad operativa sin beneficiar ni perjudicar a ninguna nacionalidad.

Estas condiciones fueron establecidas por Estados Unidos en el acuerdo de 1973.

Nuevos puertos y concurso internacional

La Autoridad del Canal convocó un concurso internacional. Este proceso se resolverá en marzo.

El proyecto contempla dos nuevos puertos. Uno estará ubicado en Corozal, en el Pacífico. El otro se desarrollará en Telfers, en el Atlántico.

Ambas terminales ampliarán la capacidad de Balboa y Cristóbal. La inversión estimada asciende a US$2.600 millones. Se prevé que entren en operación a partir de 2029.

Con ello, la capacidad anual de movimiento de contenedores pasaría de 9,5 millones a cerca de 15 millones.

Gasoducto y corredor logístico

La segunda línea de ampliación incluye un gasoducto. Su construcción comenzará en 2027.

El trazado recorrerá 76 kilómetros de forma paralela al canal. Permitirá trasladar derivados del gas natural y del petróleo desde el Golfo de México.

La capacidad proyectada es de 2,5 millones de barriles diarios. El costo oscilará entre US$2.000 y US$8.000 millones.

Asimismo, se prevé reforzar el corredor logístico terrestre existente.

Agua, sostenibilidad y gestión del tránsito

El Canal de Panamá opera con agua dulce. La sequía de 2023 evidenció su vulnerabilidad climática.

Para asegurar el suministro, se construirá un nuevo embalse en Río Indio. El proyecto tendrá una superficie de 4.600 hectáreas. Su costo será de US$1.500 millones.

El llenado del lago tomará un año tras su finalización en 2031.

En materia operativa, se introdujeron subastas para asignar turnos de paso. En 2023, el grupo japonés Eneos pagó US$3,97 millones por un tránsito.

Desde el año pasado, se ofrecen paquetes de cupos semanales o mensuales. Estos parten desde US$200.000.

Las autoridades defienden este mecanismo para garantizar la neutralidad en la asignación de tránsitos.