La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) reafirmó su compromiso con la modernización del marco normativo aduanero y propuso una nueva Ley General de Aduanas. La misma deberá ajustarse a los estándares internacionales, promover la eficiencia logística y asegurar la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

La iniciativa se mencionó durante la reciente mesa técnica «Operadores y Normatividad del Comercio Internacional«, organizada por el Congreso de la República.

Críticas a la ley vigente

El presidente de Asppor, César Ballón, y el gerente general del gremio, Walter Robles, señalaron que la actual ley, vigente desde 2010 y modificada por múltiples decretos legislativos, ha perdido coherencia normativa. Agregan que se ha orientado desproporcionadamente hacia el control aduanero, en desmedro de la competitividad del país.

«Es imprescindible una reforma integral que recupere los principios de buena fe, presunción de veracidad y facilitación del comercio«, enfatizó Robles.

Principales ejes de la propuesta

Entre los puntos centrales de la propuesta destaca la necesidad de que todas las obligaciones y sanciones estén expresamente establecidas en la ley. Se busca con ello evitar que la tabla de sanciones cree obligaciones indirectas.

Involucra, asimismo, el respeto a los principios de legalidad, tipicidad y causalidad en la definición de infracciones.

También se plantea un nuevo enfoque para el tratamiento de mercancías en tránsito, con un régimen distinto al de mercancías nacionalizadas. El importador podrá elegir libremente la aduana operativa y el tipo de despacho. No será penalizado si rectifica dentro de los plazos establecidos.

Se toman en cuenta, además, la claridad en la transferencia de responsabilidades entre operadores, transportistas, almacenes y la administración aduanera, y un rol más activo de los almacenes aduaneros en la disposición de mercancías en abandono o comiso, bajo supervisión de la autoridad.

Asppor concluyó su participación con el recordatorio de que una nueva ley debe garantizar procedimientos modernos, uniformes y eficientes que impulsen un comercio legítimo y una gestión de riesgo adecuada.

Todo ello generaría un entorno propicio para las inversiones y el crecimiento del sector.