El proyecto del puente Santa Rosa, pieza central de la Vía Expresa Santa Rosa y acceso definitivo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, presenta una situación de riesgo en su ejecución que compromete el cumplimiento de su meta de culminación, fijada para el 5 de julio de 2028.

De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República, derivado de la supervisión realizada entre el 3 y el 22 de junio de 2026, la obra enfrenta un déficit financiero y retrasos operativos que podrían derivar en sobrecostos, procesos de arbitraje y una postergación de los beneficios de esta infraestructura de US$ 171 millones.

Déficit presupuestario y gestiones pendientes

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) cuenta con un saldo de S/ 24.683,022. Este monto es insuficiente frente a los S/ 156.079,667 requeridos para financiar las labores entre junio y diciembre de 2026. Según el documento, los recursos existentes tampoco alcanzan para cubrir el presupuesto programado hasta agosto de 2026, el cual asciende a S/ 26.995,156.

Este presupuesto debe cubrir los contratos de diseño y construcción, la supervisión técnica del ingeniero FIDIC y la asistencia de la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO). Al 18 de junio de 2026, las gestiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), orientadas a obtener un crédito suplementario y recursos mediante una demanda adicional, permanecían sin respuesta.

Demoras en el cronograma y supervisión

El informe advierte que los retrasos en la ejecución de actividades críticas podrían causar ampliaciones de plazo y mayores costos contractuales. Entre los principales atrasos se encuentran los estudios de geología y geotecnia, con 59 días de demora, y el Plan de Desvíos y Manejo de Tránsito, que presentaba 111 días de retraso al 22 de junio de 2026. Estas demoras afectan el diseño de las subestructuras del puente.

Ante esta situación, el ingeniero supervisor señaló en mayo que existe un «atraso severo» y recomendó evaluar la aplicación de cláusulas contractuales para implementar medidas correctivas.

Controversias y riesgos adicionales

La Contraloría reportó la acumulación de material excedente y escombros por parte de terceros en el área de ejecución. Esta situación podría originar nuevas ampliaciones de plazo y pagos adicionales al contratista por los costos de limpieza y disposición de material.

Asimismo, persiste la demora en la conformación de la Junta de Adjudicación y Resolución de Disputas (DAAB), mecanismo que debió concluir en diciembre de 2025. El retraso en este proceso, destinado a resolver controversias durante la ejecución, podría incrementar los costos y afectar el desarrollo del proyecto.