La Comisión de Economía del Congreso aprobó, con 20 votos a favor, un dictamen que impone medidas de blindaje para la Nueva Carretera Central. Con esta norma, se busca evitar que el megaproyecto de S/30.000 millones —que conectará Lima con Junín y reducirá en tres horas el trayecto entre Ate y La Oroya— sea excluido de la cartera de inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en futuros gobiernos, salvo que existan razones técnicas o fiscales debidamente sustentadas.

Estrategia financiera y monitoreo

La ley obliga al Estado a conservar la obra en la Programación Multianual de Inversiones, impidiendo que sea desplazada por otros proyectos. Para garantizar su sostenibilidad económica, el texto faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a implementar mecanismos financieros complementarios, tales como:

• Fondos de inclusión vial: Bolsa de recursos para financiar infraestructura.
• Fideicomisos: Administración de recursos en entidades especializadas para fines específicos.
• Esquemas de peajes: Uso de ingresos generados por la propia infraestructura para costear su construcción, operación o mantenimiento.
• Mecanismos compatibles: Alternativas adicionales según la legislación vigente.

Si bien el congresista Ilich López sostuvo que el fondo de inclusión vial debía ser de carácter obligatorio para servir como apalancamiento ante organismos multilaterales como el BID, la redacción final aprobada deja la implementación de estas alternativas bajo la potestad del Poder Ejecutivo. Asimismo, la norma ordena crear una comisión conformada por el Ejecutivo y los gobiernos regionales para monitorear hitos y cronogramas, obligando al Estado a reportar periódicamente la ejecución presupuestal al Congreso.

Contexto y ejecución inicial

El dictamen atiende la preocupación por el estado actual de la obra, que mantiene un avance del 2%, y se alinea con la problemática de que el 22,9% de las obras públicas en el Perú permanecen paralizadas por falta de financiamiento. Durante el debate, el congresista Edgard Raymundo cuestionó la variación del presupuesto, que ascendió de los S/5.200 millones iniciales a los S/30.000 millones actuales, subrayando la urgencia de aplicar mecanismos de control permanente.

En el corto plazo, la expectativa recae sobre un crédito suplementario solicitado por el MTC al MEF por más de S/400 millones. El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, indicó que estos recursos permitirían financiar la liberación de predios y el inicio de las obras del Túnel Pariachi (Tramo 1). De concretarse el desembolso, se daría paso a la ejecución de una infraestructura estimada en un periodo de ocho a 10 años para su culminación total.